Mientras la administración fiscal argentina acicatea a sus contribuyentes para que regularicen su situación si tienen inversiones en la República Oriental del Uruguay, porque revisará los años no prescriptos en función del reciente acuerdo de información firmado entre ambos países, al presidente José Mujica se le hace cuesta arriba conseguir una rápida aprobación del convenio. La oposición teme que el intercambio suscripto le restará atractivo al país, mientras el primer mandatario uruguayo entiende que era inevitable firmarlo para poder encuadrar en los estándares internacionales de orden financiero.
Muchos legisladores del país hermano ya manifestaron que no era el momento de firmar un acuerdo de este tipo por varias razones, entre otras por la tensa relación imperante entre ambos países, particularmente por cuestiones atinentes al comercio exterior.
Mujica recordó que la presión internacional, en especial de la OCDE, ya había impulsado al país vecino a firmar acuerdo con otros países; en rigor, el de Argentina es el último de los suscriptos.
Vale recordar que desde fines del año pasado, con el fin de eludir la calificación de paraíso fiscal o su inserción en zonas grises de la economía mundial, el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay impulsa un proyecto de ley que instrumenta la identificación de los tenedores de acciones al portador o no y de participaciones sociales o en otras entidades con o sin personería jurídica, ante la administración fiscal uruguaya. Se incluye a los custodios o beneficiarios finales.
Esta iniciativa apunta a concretar medidas que vayan en línea con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y a la vez a la transparencia internacional en materia tributaria, como demandan los organismos mundiales y siguiendo los estándares internacionales.
Sin embargo, el proyecto sigue discutiéndose y a la fecha no ha logrado su aprobación convirtiéndose en ley. Indudablemente el acuerdo de intercambio firmado cala más profundo aún que la identificación accionaria en los inversores que tienen como destino a la ROU, lo que hace suponer una mayor reticencia aún a aquél proyecto.
FUENTE: Novedades Fiscales
