Los usuarios de Núñez, Belgrano, Recoleta y Retiro, en Capital Federal, y de algunas zonas del Gran Buenos Aires, tendrán que acompañar su elección de la renuncia voluntaria al subsidio o de una declaración jurada que justifique su necesidad económica.
Los usuarios de los barrios porteños y del Gran Buenos Aires que en diciembre fueron excluidos de los subsidios estatales al consumo de energía recibirán un montón de papeles en sus próximas facturas de luz y gas. En un sobre de Correo Argentino con membrete del Ministerio de Planificación Federal, encontrarán dos boletas, una con el importe subsidiado y otra con el costo total de su consumo, sin beneficios del Estado. No son los únicos papeles. También recibirán una carta para renunciar al subsidio y la declaración jurada para justificar que aún lo merecen, según publicó hoy el diario El Cronista.
Como adelantó Clarín en diciembre, los barrios afectados son Núñez, Belgrano, Recoleta y Retiro, en Capital Federal, y las zonas de La Horqueta y Barrancas, en San Isidro, y Punta Chica, en Victoria. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, serían 26.447 usuarios, según los cálculos del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Los usuarios residenciales que no contesten la declaración jurada de necesidad de subsidios perderán esos beneficios económicos en un plazo de 35 días. El plazo para elegir entre esa declaración jurada que justifica la necesidad económica y la carta para renunciar al subsidio es de 30 días. Los que no envíen ninguna de las dos opciones recibirán una carta documento para que en un máximo de 5 días confirmen que la falta de respuesta implica que aceptan la quita de los aportes estatales. Cumplido ese plazo sin contestación, el Gobierno procederá a dar de baja a los subsidios.
Para que el Gobierno considere la posibilidad de mantener los subsidios, los usuarios deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos: ser enfermos crónicos electrodependientes, tener como único ingreso una jubilación o pensión con haber mínimo, cobrar una pensión no contributiva, ser beneficiario de algún plan o programa social, recibir alguna asignación familiar, tener alguna discapacidad, estar exceptuados del ABL o contar con una vivienda precaria.
De los 12 ítems que tiene el formulario, el que más dudas genera es el que obliga al usuario a definir si sus » ingresos son insuficientes para afrontar el pago de las tarifas plenas». Los que respondan afirmativamente, serán sometidos a un cruce de datos con la AFIP y ANSeS y sus casos quedará en manos de los funcionarios encargados de aprobar la quita o extensión de los subsidios.
FUENTE: Clarin.com
