La CGT y la CTA pedirán sumarse a los inspectores del Ministerio de Trabajo
Por Nicolás Balinotti | LA NACION
Como sucedió cuando Guillermo Moreno activó el control de precios en los supermercados, los gremios ofrecerán ahora a su tropa de delegados para colaborar con los inspectores del Gobierno en la fiscalización del trabajo en negro en las grandes, medianas y pequeñas empresas de todo el país.
Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de las dos centrales obreras que están alineadas actualmente con la Casa Rosada.
La propuesta de los sindicatos, que ya funciona mínimamente en algunas compañías, será debatida mañana en la segunda cumbre oficial de la Comisión contra el Trabajo no Registrado, integrada por funcionarios del gobierno nacional, representantes de algunas cámaras empresariales y el sindicalismo oficialista.
Fueron excluidas del encuentro las CGT que lideran Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y la CTA de Pablo Micheli.
El 34,5% de los asalariados no está registrado, según los índices que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 16 del mes pasado. Es decir, serían más de 4.300.000 de personas las que no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social.
Preocupado por lo alto del índice, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, forzaría mañana un acuerdo con los empresarios y gremios para unificar criterios en la lucha contra la informalidad laboral. De hecho, el funcionario tuvo anteayer una serie de encuentros con ambos sectores para acercar posiciones en los puntos que aún están en etapa de discusión.
Los tres temas más espinosos y en los que todavía no hubo un trato son: el refuerzo en la fiscalización; la creación de una suerte de veraz con los empleadores que tengan personal en negro, y la aplicación de incentivos para las microempresas, donde el índice de informalidad alcanzaría el 80%, según estimaciones de la CTA.
«Es necesario reforzar la fiscalización en todo el país. El problema se da más en las empresas en las que no hay delegados gremiales. Esperemos que se amplíe el nivel de inspección, que salga lo del veraz y es importante que se apruebe un plan especial para los micro-empresarios», dijo a LA NACION Pedro Wasiejko, número dos de la CTA que encabeza Hugo Yasky.
Desde la CGT que lidera Antonio Caló, un dirigente jerárquico se mostró optimista en alcanzar mañana un acuerdo, pero no sobre todas las medidas en carpeta. La CGT cedería su rigidez a la hora de debatir sobre el eventual registro en el que aparecerán los nombres y apellidos de aquellas personas que tengan a su cargo empleados no registrados. En esa suerte de veraz también figurarían las empresas y las sociedades anónimas. «Puede resultar medio agresivo para los empresarios verse en un listado», dijo el gremialista a LA NACION.
Durante la primera reunión de la comisión, el 12 del mes pasado, el vicepresidente 4° de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, fue la voz cantante de los empresarios. Aquella vez, había rechazado la eventual creación de un registro de evasores.
El encuentro de mañana en la sede de la cartera laboral será la continuidad del diálogo económico y social al que convocó Cristina Kirchner. Tomada será el anfitrión y cumplirá así con la orden de continuar con la gestión, pese a la convalecencia de la Presidenta.
Durante los últimos tres años, el índice de trabajo no registrado a nivel nacional estuvo entre el 32% y el 34%. En algunas provincias, sobre todo en las del Norte, supera el promedio. Pero si se toma la última década se exhibe un retroceso, ya que en 2003 la estadística alcanzaba el 50%
FUENTE: La Nación
