El texto de la iniciativa que ya ingresó al Congreso no delega en el Ejecutivo la facultad de aumentar las deducciones personales que reducen el impuesto a pagar. Tampoco existe aval para las últimas actualizaciones otorgadas lo que generaría un pago extra en marzo próximo
Por Hernán Gilardo.
La Constitución Nacional establece que los cambios impositivos deben ser implementados por ley. Es por ello que -año a año- se aguarda el envío del proyecto de Presupuesto al Congreso para conocer cuáles serán los cambios fiscales que regirán para el próximo ejercicio.
Entre ellos, la novedad más esperada refiere a la posibilidad de una nueva actualización en el piso salarial a partir del cual se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.
De acuerdo al texto de la Ley de Leyes, recientemente ingresada al Congreso, los trabajadores tendrán que esperar hasta el 2013 para gozar de un nuevo alivio ya que a lo largo de los 74 artículos que conforman la iniciativa no se delega en el Ejecutivo la facultad de aumentar las deducciones personales que reducen el impuesto a pagar. Para acceder al texto completo del proyecto haga clic aquí.
El problema es aún peor si se tiene en cuenta que el Presupuesto 2012 tampoco prevé avalar las dos últimas actualizaciones que se implementaron a través de simples resoluciones del Ejecutivo.
Por lo tanto, quedaría sin sustento legal la suba del 40% del mínimo no imponible en Ganancias otorgada en dos tramos (julio de 2010 y abril pasado) lo que obligaría a los trabajadores a ingresar en marzo próximo -fecha del ajuste anual- la diferencia a favor del fisco.
Puntualmente, en julio de 2010 el piso salarial pasó de $4.015 a $4.818 netos mensuales para trabajadores solteros y de $5.554 a $6.662 para casados con dos hijos.
A este alivio del 20% se sumó una medida idéntica otorgada en abril pasado. Por lo tanto, el piso salarial vigente en Ganancias se ubica en $5.782 para solteros y $7.998 para casados con dos hijos.
Por ende, al no existir la posibilidad de conseguir el aval legal necesario, el Ejecutivo deberá emitir -tal como hizo hace un año- un nuevo decreto presidencial o una nueva resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desactivar lo que sería un fuerte golpe en los bolsillos de los empleados en marzo próximo.
Inconstitucional
Desde Tributum.com.ar, Mario Goldman Rota, explicó a este medio que «a diferencia de años anteriores, el proyecto del Presupuesto 2012, no prevé ninguna de las fórmulas anteriormente utilizadas para incrementar las deducciones en el Impuesto a las Ganancias».
«En los últimos años, el propio poder Ejecutivo establecía la delegación de la facultad de subir tales deducciones, a los fines de evitar una ley ‘ ad hoc’ modificatoria del gravamen y poder hacerlo mediante un decreto«, puntualizó Goldman Rota.
En tanto, desde Fundecos el consultor tributario Nicolás Yasi fue categórico: «El ejecutivo se `olvidó´ del artículo que habilita o valida los incrementos ya otorgados de las bases imponibles».
«Tampoco figura el artículo que habilita al Ejecutivo a otorgar un nuevo alivio en Ganancias para 2012″, adelantó Yasi.
En igual sentido se manifestó el consultor tributario, Alberto Romero, al señalar que «es inconstitucional modificar el Impuesto a las Ganancias vía decreto o resolución de la AFIP».
«Si bien es cierto que nadie se opondría a la implementación de un alivio en Ganancias, el incremento podría ser aún mayor si el Ejecutivo plantea su propuesta ante el Congreso y se ve obligado a negociar su aprobación con la oposición», agregó Romero.
«De hecho, de acuerdo a la real evolución de la inflación, las últimas actualizaciones en Ganancias -otorgadas por el Ejecutivo en 2010 y 2011- deberían haber sido sensiblemente más altas«, puntualizó el experto.
Ante este escenario, Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), adelantó que «el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley específico que reforme Ganancias o tendrá que dar a conocer una nueva resolución general de la AFIP que postergue el ingreso de las diferencias«.
Impuesto al cheque
Otro punto contenido en el Proyecto de Presupuesto 2012 que generará polémica refiere al distorsivo Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios que vence el 31 de diciembre próximo.
Si bien aún el Ejecutivo no envió la iniciativa para prorrogar su vigencia, el Presupuesto del año entrante ya contempla ingresos en concepto del impuesto al cheque.
Más precisamente, el texto señala que «la recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios llegaría a $43.927,1 millones; registrando una suba del 22,4% con relación a la del año anterior, que reflejará el incremento de los montos de las transacciones gravadas».
Fuente: Boletín Oficial
«Si bien aún no ha ingresado al Congreso el proyecto para extender la vigencia del polémico impuesto al cheque, la simple mención en el Presupuesto 2012 deja en claro cuál es la intención del Ejecutivo al respecto«, advirtió Alberto Romero.
«Al igual que sucede con la Ley de Emergencia Económica y el tributo a la venta de cigarrillos que vencen a fin de año, el Ejecutivo impulsará la prórroga del distorsivo impuesto al cheque», puntualizó el tributarista.
La renta financiera
Si bien, de manera recurrente, cobra fuerza la idea del Gobierno de avanzar sobre la renta financiera, el texto del Proyecto de Presupuesto 2012 lo descarta de plano.
Puntualmente, presenta como gastos tributarios en Ganancias a «las exenciones de los intereses de activos financieros«.
Fuente: Boletín Oficial
Entre los activos bajo la lupa, se puede señalar a:
- Los títulos públicos.
- Depósitos bancarios.
- Obligaciones negociables.
Romero destacó que, de esta manera, el Gobierno deja en claro su decisión de mantener, por el momento, el mismo esquema de tributación que recae sobre la renta financiera.
Aspectos centrales del Presupuesto
Por otra parte, la iniciativa plantea los siguientes lineamientos: una inflación anual de 9,4%, el dólar a $4,40 y una pauta de crecimiento por encima de 5 por ciento.
La iniciativa también da claras señales de la decisión del Gobierno de avanzar con la política de desendeudamiento y regularización de los compromisos pendientes con organismos internacionales.
A su vez, considerando el escenario de los precios de las materias primas, se asume que las exportaciones crecerán a u$s90.833 millones, con lo que volverán a superar a las importaciones que subirán a u$s82.254 millones.
Según esos números, se proyecta una leve reducción del superávit de la balanza comercial, a u$s8.579 millones, en comparación con u$s9.035 millones que se calculó para todo este año.
Además, el Gobierno mantiene la política de avanzar en la sustentabilidad del superávit financiero, al fijar un crecimiento de los ingresos (22%) por arriba de los gastos totales (18%) sin proponer la creación de impuestos o suba de alícuotas.
Por último, el Presupuesto destina $3.541.300.000 al pago de juicios a jubilados. El monto abarcará a deudas reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
FUENTE: iProfesional.com
