La propuesta de ley que comienza a debatirse hoy en el Congreso consta de tres programas. El primero es un «régimen permanente de aportes»
Últimamente, cada iniciativa del Gobierno parece recrear el ‘riesgo del plan Cedin’. Es decir, en nombre de un objetivo loable se recurre a métodos que luego -en la práctica- pueden no dar los resultados esperados.
Incluso, genera resquemores en la propia base de la militancia K. Y, peor aun, todo ese ‘costo político’ va acompañado por pronósticos desalentadores por parte de expertos.
En estos días, esta situación amenaza con repetirse, tras el anuncio de un plan de alivio de aportes impositivos tendiente a fomentar el empleo registrado.
La parte del costo político ya empezó. Casi inmediatamente después del anuncio hecho por la Presidenta, comenzaron a llegar las críticas ‘por izquierda’, que comparan esta iniciativa con las experiencias de flexibilización laboral realizadas durante los años ’90.
Las empresas que desde mediados del período fiscal 2013 estimaron una baja de sus ganancias futuras y optaron por realizar una reducción de los anticipos a cuenta del impuesto, quedaron sujetos a una fiscalización electrónica previa, y además, la AFIP los intimó para que ingresaran la diferencia en el plazo de 48 horas bajo amenaza de sanciones. Como consecuencia de ello, ahora les exige intereses por pago fuera de término, incluso si adelantan la declaración jurada.
Con la intención de apuntalar la recaudación y reducir el nivel de informalidad, la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) incorporará de oficio a los «presuntos evasores» del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Con la mira puesta en la recategorización del mes próximo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya comenzó con las tareas de inteligencia y la confección de intimaciones para avanzar sobre los monotributistas evasores.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli anunció este miércoles que enviará a la Legislatura provincial una serie de proyectos para «luchar contra la evasión y evitar subas de impuestos», entre ellos la «obligatoriedad» de utilización de terminales electrónicas para que los comercios acepten tarjetas de débito y crédito.