Archivo el diciembre 1, 2011

La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la colaboración que debe brindar la AFIP en los procedimientos de control de lavados de activos y financiación del terrorismo que el organismo lleve a cabo. Para ello dictó la Resolución 220/11 donde expresamente se dispone que el entre recaudador contará con un plazo de 15 días hábiles para proporcionar a la UIF informes, documentos u otros elementos que se encuentren protegidos por el secreto fiscal, los cuales estime que resultan útiles para sus tareas de control.

Asimismo mediante un Anexo a la norma señalada se describe el procedimiento y la intervención de la AFIP en las fiscalizaciones e inspecciones que realizará conforme alo dispuesto por la UIF.

FUENTE: Novedades Fiscales

La AFIP pondrá la mira sobre los contribuyentes que declararen una condición fiscal menor a la que surge de analizar sus consumos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya comenzó a realizar las tareas de inteligencia fiscal que se traducirán en el envío de nuevas intimaciones a los monotributistas que utilizan el régimen simplificado para «evadir» impuestos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional.com, el organismo que conduce Ricardo Echegaray preparara el terreno para analizar los datos que las empresas y los particulares adheridos al Monotributo deberán presentar el mes próximo.

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Es innegable que la Inspección General de Justicia se encuentra desbordada por los acontecimientos. Cumplir con las formalidades exigidas a las sociedades para su reempadronamiento y solicitar un turno de atención posterior, son evidentes tareas titánicas. El sitio del organismo aparece casi como inaccesible, cuando la informática debería agilizar los diligenciamientos. Así las cosas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA) envió una nota al Inspector General de Justicia, Dr. Marcelo Mamberti, a efectos de solicitarle una prórroga con relación al vencimiento del reempadronamiento de sociedades comerciales establecido por la Resolución IGJ 1/2010, que opera hoy, 30 de noviembre. Un pedido más que necesario y que ante la realidad no podría ser negado.

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